Según datos de Naciones Unidas, España es el primer país de Europa y el tercero del mundo en consumo de prostitución. En los últimos 30 años hemos pasado de ser un país de paso para las redes de la trata de personas con fines de explotación sexual a ser país de destino donde las víctimas de estas mafias, especialmente mujeres, niñas y niños son prostituidas en locales, pisos y carreteras por chulos, proxenetas y puteros.
En parte este cambio de la situación de la explotación sexual y posición de España en el ranking mundial y europeo viene producido como consecuencia directa de la reforma del código penal de 1995 que despenalizó la tercería locativa y la reforma del 2015 por la que para demostrar proxenetismo las propias víctimas han de ser ellas mismas quienes denuncien al proxeneta y/o mafia.
La despenalización de la tercería locativa ha permitido que los locales puedan ser arrendados a los proxenetas para abrir burdeles bajo licencias de hotel, salón de masajes, spas, locales de copas, etc. Sin que ello pueda resultar un delito para el arrendador si se descubre que en esos espacios la explotación sexual se está produciendo. Esto conlleva que, aunque las mujeres sean sacadas de ahí, el local pueda seguir abierto y traspasado a unas nuevas manos que en días vuelve a traer «chicas nuevas«. Además, estás mujeres en su mayoría migrantes sin papeles, atemorizadas por las mafias y a quiénes se les sustrae el pasaporte y toda documentación, rara vez denuncian cuando son preguntadas directamente por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las redadas a dichos establecimientos y otros espacios donde son prostituidas.
En el cuatrienio 2016 y 2020, Guardia Civil y Policía Nacional identificó a 885 víctimas de trata con fines de explotación sexual, de las cuales prácticamente toda su totalidad eran mujeres y niñas. Según datos de la Fiscalía, entre el lustro de 2013 a 2018, solo hubo 86 sentencias condenatorias por trata con fines de explotación sexual, aunque dentro del total de los casos abiertos durante esos cinco años había habido 1.181 víctimas identificadas, de las cuales 13 de las mujeres tenían alguna discapacidad mental y/o física. Para hacernos una idea de la disparidad de datos en cuanto a denuncias en relación con el número que se estima de mujeres en prostitución provenientes de la trata que existen en España, hablamos de unas 300.000, en cambio solo se identificaron como tal 885 víctimas entre 2016 y 2020.
Las mujeres y niñas con discapacidad son las más vulnerables entre las vulnerables. Esto se debe a que este grupo de mujeres y niñas sufren un doble riesgo, por su sexo y por su condición de discapacidad física y/o mental.
No caigamos en el error de creer que son solo unas pocas porque lo cierto es que son más de lo que podamos imaginar y esto es debido a que son invisibles; no solo para la sociedad sino lo que es peor, dentro de los mecanismos e instrumentos que existen tanto a nivel nacional como internacional, que están destinados a la protección de las víctimas, como son el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional Organizado entre otros, en los que la discapacidad en víctimas de trata no está contemplada. Otro grave problema que deriva de esto es la inexistencia de datos estadísticos ni de cualquiera otra índole objetivable, tanto a nivel del Estado español, como a nivel de los países miembros de la Unión Europea, ni tampoco por parte de las Naciones Unidas. Todo esto hace imposible la correcta evaluación y adecuada elaboración de de las políticas que actualmente son llevadas a cabo en los países; algo que permitiría un estudio comparativo para así dirimir cuál de ellas es la más eficaz para identificar, proteger y asistir a las víctimas con discapacidad.
Por otra parte, es importante tener datos cuantitativos para poder conocer de manera real la oferta y la demanda de mujeres y niñas con discapacidad que son consumidas. Esto que suena tan duro y crudo que parece que estuviéramos hablando de reses de vacuno, pero es la REALIDAD en la que todos y todas vivimos, aunque no la veamos o miremos al otro lado. Además de lo dicho, hay que añadir que esta situación de «ignorancia» y desidia en cuanto a la creación de estadísticas y estudios cuantitativos que permitan de forma objetiva analizar y determinar la situación en la que nos encontramos, atenta contra la Convención Internacional contra la Discriminación de la Mujer (CEDAW), y contra la Convención Internacional de la Discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Aunque en el ámbito nacional, el Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018 sí recogió la discapacidad, pero claramente esto no es ni de lejos suficiente. Es de vital importancia que el Gobierno, este y el que venga, se ponga a trabajar en la ampliación de las políticas públicas en todas las líneas de actuación a la hora de perseguir y abordar la trata y la prostitución, y para que esto sea factible hay que saber detectar a las víctimas, con y sin discapacidad; unas políticas, actuaciones, protocolos, recursos y profesionales que trabajen adecuada y eficazmente en cada situación y de manera específica en cada caso, con el objetivo prioritario de ayudar, proteger y garantizar los derechos de víctimas con discapacidad también para no dejarlas fuera a su suerte.
Algo que Isabel Caballero de CERMI Mujeres, afirma rotundamente: “las mujeres y niñas con discapacidad siguen siendo invisibles en los instrumentos internacionales que prohíben la trata de personas, como la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional Organizado o el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños”.
Añadir también que esto no es algo que se solo se denuncia desde el ámbito estatal, desde asociaciones como CERMI MUJERES sino que el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad también lo hace, pues es de sobra sabido el peligro que corren las mujeres y niñas con discapacidad por dos grandes razones; porque suelen vivir en exclusión social y en la pobreza, y porque a ello hay que añadir que viven en España, un país que en cabeza los rankings mundial y europeo en consumo de prostitución de mujeres y niñas. La exposición de estas mujeres y niñas al sistema prostitucional es brutal.
Cuando hablamos de víctimas de la explotación sexual con discapacidad tenemos que conocer muy bien qué perfil tienen estas mujeres y niñas. Los rasgos comunes a todas es que no tienen conciencia de víctimas, desconocen sus derechos, y peor aún no saben detectar las situaciones de peligro, algo que las deja desamparadas y completamente expuestas, siendo susceptibles a la manipulación y a la captación de las mafias de la explotación sexual. A todo esto, hay que sumarle que estás mujeres y niñas no suelen tener acceso a la educación y/o al empleo tan fácilmente como las que no tienen ningún grado de discapacidad, y viven en muchos casos en situación de exclusión social, expuestas al maltrato, y a la mendicidad. En gran parte esto se debe a que muchas viven bajo el cuidado y tutela de un tercero que suele ser quien toma las decisiones por ellas viviendo así bajo una libertad muy limitada y en ocasiones incluso coartada ya que son las propias personas cuidadoras quienes sacan provecho instrumentalizándolas para algún fin en beneficio propio.
Estas personas que las instrumentalizan para algún fin espurio saben que difícilmente estas mujeres van a poder acceder a los recursos de apoyo y protección, lo cual aún incrementa más si cabe su vulnerabilidad, y el riesgo de acabar prostituidas, y lo que es aún más trágico, si logran acceder a los recursos para víctimas de la explotación sexual se encuentran con que éstos no están adaptados.
CERMI Mujeres, como expertas en esta materia, ha confirmado que todo lo expuesto aquí es real y es la vida misma, pues han señalado en múltiples ocasiones que la dificultad en el acceso a la educación y al empleo, son grandes factores de riesgo para sufrir exclusión social y pobreza; y que la inaccesibilidad y la falta de inclusividad de los servicios y recursos para las mujeres y niñas con discapacidad hacen que queden desprotegidas. Isabel Caballero, de CERMI Mujeres ha alertado ya de este hecho: “La falta de toma de conciencia entre las mujeres y niñas con discapacidad en relación con sus derechos y con la explotación y sus peligros hace que sean incapaces de autoidentificarse como víctimas y que sea más fácil para los traficantes manipularlas”.
SITUACIÓN NACIONAL: INFORME OED (Observatorio Estatal de la Discapacidad), julio 2022
En julio de 2022 el Observatorio Estatal de la Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 presentó un estudio diagnostico con el nombre “La Trata de Mujeres y Niñas con Discapacidad con fines de Explotación Sexual”. El informe al completo puede consultarse en el siguiente enlace Informe OED julio 2022.
Es un estudio dentro del ámbito nacional centrado en la trata con fines de explotación sexual de mujeres y niñas con discapacidad. El informe trata de poner los datos en negro sobre blanco para visibilizar esta realidad que no por no visible es menos real. El estudio tiene como objetivo poder conocer a través de un análisis sobre el terreno, la situación de explotación sexual dentro del sistema prostitucional y de la industria del porno, en la que se hayan las víctimas y qué impacto tiene esto en su salud integral.
La investigación desgranada en el presente artículo trata de profundizar en esta realidad desconocida por la sociedad en su conjunto, pero también inclusive para muchos de los equipos de profesionales que trabajan asistiendo y protegiendo a las víctimas del sistema prostitucional. Por otra parte, el estudio deja claro que estás redes de explotación tienen normalizado el uso, y abuso de mujeres y niñas con discapacidad y que lo hacen con la total la impunidad que les proporciona el laxo código penal de nuestro país y la carencia de una sólida legislación abolicionista que persiga a mafias, proxenetas y puteros, y que a su vez ponga a disposición de las víctimas una amplia red de recursos económicos, sociales y de protección para la restitución de sus derechos humanos, sociales y civiles.
Derivada de esta necesidad de visibilizar la catastrófica situación de las mujeres y las niñas con discapacidad explotadas dentro de la industria del sexo, y dado que no se disponen de datos comparativos sobre las políticas implementadas, víctimas atendidas/detectadas y recursos destinados, ni dentro de España ni en la Unión Europea, así como ni en los organismos de las Naciones Unidas, el estudio se basó en los testimonios de casos reales de mujeres con discapacidad que han sido víctimas de trata (quien quiera leeros de manera pormenorizada puede hacerlo descargando el informe en el enlace anteriormente indicado). Se realizaron 44 entrevistas y entre ellas se encuentran varios testimonios que ponen de manifiesto la problemática y dónde puede estar la raíz del problema. Una de las mujeres entrevistadas puso cara y cuerpo a algo que las feministas llevamos alertando desde hace tiempo, y es el peligro de la pornografía y de plataformas como Onlyfans, Pornhubb, entre otras. Esta mujer contestó: “muchas mujeres con discapacidad física o sensorial recurren a ‘onlyfans’ por falta de alternativas para ganarse la vida”. Si ser mujer ya es un factor determinante para caer en la prostitución y la pornografía, imaginemos añadir ser pobre y además tener una discapacidad.
Quizás para personas ajenas a todo esto resulte impensable aprovecharse de una mujer o una niña que además tiene una discapacidad física o mental pero lo cierto es que en «el mercado» de la prostitución, las mujeres y niñas discapacitadas son muy demandadas por los puteros quienes están dispuestos a pagar mucho dinero por acceder a esos cuerpos. Y lo sabemos porque en foros de puteros son muy solicitadas y buscadas, al igual que lo son las mujeres embarazadas.
Volviendo al estudio, encontramos en él la definición de explotación sexual de Naciones Unidas, pues en ella se incluyen la prostitución, la pornografía y otros tipos de violencia sexual.
«La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. La explotación incluye como mínimo, la derivada de la prostitución y de otras formas de explotación sexual incluida la pornografía, trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la mendicidad, las actividades delictivas y la extracción de órganos corporales».
Una de las conclusiones del estudio es algo que las profesionales expertas en violencia sexual, trata, prostitución y salud mental ya hemos detectado en el día a día, y es que a parte de la especial vulnerabilidad de las niñas y las mujeres con discapacidad física/intelectual a ser explotadas por familiares o por personas que las atienden en los centros educativos y sanitarios, es que se dan dos realidades que a veces son complejas de distinguir: mujeres que adquieren la discapacidad como consecuencia sobrevenida de la violencia ejercida sobre ellas, o si es una condición ya presente antes de la violencia. En el caso de la discapacidad psíquica dirimir esto es aún incluso más complejo pues de manera generalizada todas las mujeres salen de la explotación sexual con graves problemas de salud mental. Es por esto que organizaciones expertas en temas de trata, como APRAMP, apunte a la vital importancia de la formación en materia de discapacidad que tiene para los equipos profesionales que trabajan con las víctimas de trata. Esto es porque dicha formación es imprescindible para la detección de casos ya que este es el gran problema porque para hacerla de manera correcta todo el equipo de profesionales necesita una especialización en general y en el ámbito judicial en especial porque si de manera habitual una víctima declara bajo efectos del síndrome de estrés postraumático con todo lo que ello conlleva, cuando hablamos de una víctima con discapacidad la declaración es aun si cabe más confusa, difícil y errática; es por esto que se hace tan importante la existencia de protocolos de detección que permitan detectar la discapacidad entre las víctimas de trata, además de por supuesto que exista una formación obligatoria para profesionales del ámbito asistencial, sanitario y judicial, para poder detectar, valorar y derivar al recurso más adecuado dada la especial vulnerabilidad de estas víctimas. Esta falta de especialidad en relación a la discapacidad acaba por ir contra la víctima pues todo el peso del proceso suele caer en el testimonio de ella misma siendo este un arma de doble filo que acaba por no tener una resolución satisfactoria o que lleva a una desestimación del caso con lo que los criminales salen beneficiados.
Las mujeres y niñas con discapacidad aparte de que son más son fáciles de captar para los proxenetas son también mucho más baratas a la hora de traficarlas porque a la facilidad en la captación, hay que añadir que están muy demandadas por los puteros por lo que están dispuestos a pagar mucho dinero, además de ser muy rentables para chulos y proxenetas porque debido a su indefensión saben que son fácilmente dominadas y que pueden estar hasta 24 horas siendo agredidas por los puteros sin negarse ni oponer resistencia alguna. Por lo general normalizan tanto la violencia que quienes las explotan sean los proxenetas o los puteros no necesitan usar amenazas, coacciones, ni violencia para que sean dóciles.
Las mujeres con discapacidad no solo son blanco fácil de las mafias de la trata y de la prostitución, también se da la casuística de que son sus propios familiares quienes las prostituyen o explotan, incluso a veces el «novio» no es tal, sino que es él mismo el proxeneta.
Una de las cosas que buscan los prostituidores es realizar toda clase de prácticas como la penetración sin protección, prácticas sexuales violentas y deshumanizantes que han visto en el porno es por esto que también la demanda de mujeres prostituidas y menores con discapacidad es tan elevada pues saben que la dominación que podrán ejercer es total, brutal y sin resistencia.
Las mujeres prostituidas, por lo general no se perciben así mismas como víctimas debido a la disociación que suelen desarrollar derivada de la violencia sistemática que padecen, pero en el caso de las mujeres con discapacidad cognitiva por leve que sea puede hacer que tenga dificultades para interpretar y darse cuenta de cuándo un comportamiento es vejatorio, abusivo, denigrante… Llevándola a aceptarlos e integrarlos como «normales». Es esta dificultad la que les impide identificarse como víctima y expresar lo que les está sucediendo, es por esto que se les hace imposible buscar una salida y pedir ayuda. A esto hay que añadir las otras muchas dificultades típicas en los casos de explotación sexual: la culpa, la vergüenza, la falta de una red socio-afectiva, el desconocimiento del idioma en muchos casos, la situación irregular en la que se encuentran, etc.
En el caso de las mujeres con discapacidad física, a lo dicho anteriormente hay que añadir que hay casos en los que se da la doble discapacidad (física y mental) con lo que la problemática se agrava, porque hay que sumar las dificultades de las mujeres y niñas con problemas de movilidad que las llevan a no poder intentar ni siquiera huir o salir de donde se encuentra para pedir ayuda o denunciar.
A parte de las redes de trata y prostitución, las mujeres y niñas con discapacidad están expuestos a otros perfiles de criminales, éstos pueden ser desde varones que buscan y quieren mujeres que, aunque sean mayores de edad, tengan comportamientos y rostros de niñas. Estos depredadores sexuales pululan por las redes sociales, en los espacios a los que asisten habitualmente como recursos sociales, centros de salud, lugares de trabajo, o por la calle sin ir más lejos. Es decir, no existe un solo espacio seguro al 100% para estas mujeres y niñas, incluso el depredador puede estar dentro de la propia familia (en los casos intrafamiliares los depredadores encuentran aún mayor impunidad por el silencio que se suele guardar dentro de la propia familia).
Una de las principales cosas en las que hace hincapié la investigación es la gran vulnerabilidad en la que estas mujeres y menores se encuentran cuando llegan a algún recurso público de acogida, como son los centros de acogida de migrantes ya que son en estos espacios donde las personas con algún tipo de discapacidad corren gran riesgo de ser captadas por las redes de trata con fines de explotación sexual. También otro medio de capacitación son las redes sociales, en este ámbito virtual el riesgo para ellas es extremo y es peor cuánto más jóvenes son las víctimas pues las más pequeñas pueden llegar a aceptar la realización de favores sexuales a cambio de ofrecerles objetos bonitos, y dinero que una vez han aceptado son amenazadas, chantajeadas y coaccionadas a seguir prostituyéndose a cambio de su silencio y de que nadie de su familia sepa lo que están haciendo.
Dentro de la investigación se recoge el testimonio de una mujer joven con discapacidad intelectual prostituida por sus padres a la que ofrecían a hombres de todo el pueblo a cambio de un «reconocimiento social». Increíble pero cierto. Otro testimonio incluido en la investigación es el de una adolescente prostituida en calle, 14 horas al día por «su marido» desde que cumplió 16 años.
También hay casos en los que la discapacidad es sobrevenida a causa de la prostitución. En relación a éstos casos la investigación recoge un testimonio escalofriante de una mujer prostituida a la que uno de sus brazos tuvo que serle amputado porque era utilizado para que los puteros apagaran los cigarrillos sobre él. Tras la amputación la mujer se convirtió en una de las más demandadas del prostíbulo porque a muchos puteros les excitaba practicar sexo con una mujer a la que le faltara un miembro.
Las personas encargadas de la investigación no han encontrado datos cuantitativos que permitan poder afirmar que dentro de los puteros existe una demanda específica de mujeres con discapacidad como sí sucede en el caso de las mujeres embarazadas, muy «de moda» últimamente; aunque sí es cierto que las entidades especializadas en asistencia a mujeres prostituidas han señalado que sí se han encontrado con mujeres con discapacidad intelectual leve o moderada dentro del ámbito de la prostitución cuando han ido a hacer alguna asistencia y que en muchos casos están ahí por su aspecto aniñado que es bien conocido que dentro de los puteros gusta mucho.
En el estudio se denuncia que los centros de atención a estas víctimas no dan la importancia que debieran a la discapacidad ya que de entrada ni se contempla esa posibilidad a no ser que ésta sea evidente, algo que no siempre sucede, sobretodo en la discapacidad intelectual, por lo que las valoraciones suelen no ajustarse a la situación real de las víctimas ya que se enfrentan a una triple barrera: cultural, idiomática y cognitiva. Esto se debe en gran medida a que existe una falta de formación específica pero también de una sensibilidad especial del personal que trabaja en los centros dependientes de las consejerías de Servicios Sociales y que son los responsables de valorar el grado de discapacidad de personas víctimas de trata en situación irregular ya que sin una correcta valoración y sin darle la importancia que ello conlleva para estas mujeres luego difícilmente podrán tener el acceso a la ayuda que necesitan.
Al no existir registros ni estadísticas oficiales, a día de hoy para poder realizar estudios e investigaciones y poder así tener una estimación de la situación, las organizaciones utilizan las entrevistas exploratorias realizadas en compañía de supervivientes y con personal de apoyo de asociaciones especializadas en discapacidad, como así puso de manifiesto Beatriz Sagrado, durante la presentación del informe. Por todo esto, desde las organizaciones especializadas en trata y prostitución, así como las que trabajan con mujeres con discapacidad abogan por que, en los procesos de intervención con las víctimas, y en los procesos jurídicos la discapacidad de estas víctimas sea tenida en cuenta como factor de vulnerabilidad que ha llevado a la víctima a estar en situación de explotación sexual. Además de que desde el gobierno haya el firme compromiso y voluntad de que la discapacidad esté incluida a la hora de la elaboración de estadísticas oficiales, y de los protocolos de detección y asistencia.
Que España cuente con el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual 2015-2018 en el cual se contempla la discapacidad, no es ni de lejos suficiente para abordar la complejidad y de manera eficaz el problema ante el cual nos encontramos. Sin ampliar las miras, intensificar esfuerzos, crear recursos suficientes e implementar políticas públicas que aborden de manera transversal y específica la situación en la que se encuentran estas mujeres y las niñas, no conseguiremos nada. Hay que modificar leyes, crear protocolos y realizar investigaciones que nos permitan poder analizar la situación de manera clara, empírica y exhaustiva; realizar campañas de sensibilización y prevención que visibilicen a las mujeres con discapacidad en prostitución, pero poniendo el foco sobre el puteros, y desde luego ampliar recursos haciéndolos inclusivos para que las víctimas sepan y puedan acudir a ellos con todas las garantías.
Desde la fiscalía, María de los Ángeles Sánchez, puso de relieve en julio de este año, la vital importancia que es para poder abordar el problema de manera eficaz, global e integral, que existan datos porque para que se haga de forma adecuada han de existir datos y estudios cuantitativos, además de que los profesionales implicados, en especial los de la judicatura, estén debidamente especializados no solo en trata y prostitución sino también en mujer y discapacidad con el fin de detectar cuando una víctima es una persona con discapacidad.
PRINCIPALES RESULTADOS: conclusiones y recomendaciones
Visto lo visto, podemos concluir que el estigma social que todavía aun hoy existe entorno a la discapacidad, especialmente la mental, añadido a nacer con sexo mujer, hace que éste sea un tema tabú tanto dentro de las familias como a nivel social. De ahí que esté tan invisibilizado que no sea perceptible haciéndolo pasar por una realidad «inexistente» tanto para la sociedad en general como para profesionales que trabajan contra la trata con fines de explotación sexual.
Otra conclusión es que las niñas y las mujeres con discapacidad especialmente las que tienen una discapacidad intelectual, están expuestas aún a una mayor vulnerabilidad y no siempre los explotadores son personas extrañas, sino que más a menudo de lo que pensamos éstos están dentro de la propia familia o un tercero que se hace pasar por «pareja».
En cuanto a los daños físicos y psicológicos que la explotación sexual tiene sobre estas víctimas éstos se agudizan debido a su discapacidad, aunque en otros muchos casos se da que es la propia explotación la que desencadena la discapacidad. Por eso hay veces en las que es difícil discernir qué se produjo antes.
Un punto clave es el que apunta a la carencia de datos cuantitativos ya que esto hace que no se pueda analizar la problemática de forma objetiva y eficaz. Dejar el factor discapacidad fuera de las actuaciones policiales y de las sedes judiciales es un grave error a subsanar de inmediato, así como la necesidad de incluir recursos profesionales formados en mujer y menores/discapacidad/trata-prostitución, así como especializados en la atención a estas víctimas, que trabajen desde una estrategia multi e interdisciplinar que esté debidamente coordinada tanto nacional como internacionalmente, y cooperando entre sí.
Resaltar también que existe una gran falta de recursos de acogida de emergencia de medio y largo plazo, y en los pocos que existen las listas de espera son de meses. Esto es totalmente inaceptable y es algo que incumple total y gravemente con la Directiva 36-2011 o Convenio de Varsovia en los que se recoge la necesidad de proporcionar alojamiento adecuado y seguro.
Cuando hablamos además del colectivo migrante, a la falta de recursos y al escaso o nulo reconocimiento de la discapacidad, se le suma que es prácticamente imposible poder prestar la ayuda y asistencia adecuadas si la víctima está en situación administrativa irregular. Existe una evidente falta de concienciación y sensibilidad en los centros asistenciales de primera instancia en cuanto a la situación de las mujeres y menores víctimas de trata y la infravaloración de la discapacidad, imposibilitando así el reconocimiento de los derechos (ayudas, medidas de protección, etc.) que les corresponden y el acceso a las mismas.
Como he apuntado anteriormente, el tabú social y estigma entorno a la discapacidad hacen que la realidad de las mujeres y las niñas, así como la de sus familias, sea compleja, poco visible y hermética, y es por esto mismo que es importante también realizar campañas de prevención, sensibilización que ponga de relieve esta realidad, la realidad de las niñas y las mujeres explotadas sexualmente y que esto existe porque hay hombres dispuestos a pagar mucho dinero por comprar y abusar de los cuerpos de mujeres y niñas que ni pueden ni saben defenderse. Es tremendamente necesario poner el foco en la prevención, en las causas, en la concienciación social, pero sobre todo en los hombres, centrar en ellos las campañas de sensibilización ya que son ellos los consumidores máximos, y por supuesto, en la atención a las víctimas que sufren los efectos devastadores de la prostitución, así como no olvidar la reparación del daño sufrido mediante un sistema de ayudas económicas, de programas de atención psicológica y de una reinserción laboral adecuada.
Remarcar también la insistencia en la obligada creación de una base de datos estadísticos de la industria del sexo y de la situación de las mujeres y menores dentro de ella con algún tipo de discapacidad, siguiendo las recomendaciones del Informe del Parlamento Europeo – Resolución 10/02/21 sobre aplicación de la Directiva 2011/36/EU – relativa a la prevención y lucha contra la trata y a la protección de las víctimas, que insta a los Estados de la UE a aumentar mucho más sus esfuerzos y redoblar la financiación para la investigación, el análisis así como la recopilación de datos, porque con ellos es la única manera real y objetiva de cómo podremos evidenciar la dimensión del problema permitiéndonos probar que existe una necesidad real de elaborar e implementar las políticas públicas que ayuden a luchar contra esta problemática a través de los recursos, programas y protocolos necesarios debidamente adaptados a las víctimas de trata con discapacidad.
Respecto a la mejora de la situación y la protección de las posibles víctimas, evidenciar que las administraciones públicas, gubernamentales y políticas han de comprometerse a llevar a cabo una serie de cambios y mejoras en los recursos ya existentes, a la par de unas reformas legales. De lo contrario nada cambiará y no solo eso, sino que irá a peor.
Otra conclusión muy importante, es que el acceso a la sanidad ha de estar garantizado tanto si la víctima de explotación sexual lo es también víctima de trata o no. Para ello se tiene que permitir que tanto las mujeres que tengan residencia por arraigo en el país familiar pero no sean víctimas de trata, y viceversa, que podrán tener garantizado su acceso a la sanidad. Pues víctimas de trata o no todas son víctimas de la explotación sexual.
Imprescindible garantizar la información a las niñas y a las mujeres con discapacidad de los derechos que las amparan, así como alertarlas de los métodos de captación y de formas de abuso de las que pueden ser víctimas de explotación/abuso sexual por parte de un tratante o cualquier otra persona ya sea extraña o alguien conocido. Por esto es importante hacer hincapié en la educación afectivo-sexual tanto de las personas con discapacidad como del personal de dentro de los recursos especializados, (residencias, centros de día, educativos, médicos…), que incluya la prevención y detección de casos, así como la autoprotección de las propias niñas y mujeres.
Como he mencionado antes poner de relieve en campañas de sensibilización la responsabilidad de los puteros. Hombres que plenamente conscientes de lo que hacen, pagan por abusar de niñas y mujeres con discapacidad. Pues los prostituidores y los proxenetas son la raíz de la explotación sexual. En línea con esto, en el campo digital, es necesario crear mecanismos de detección de captación de víctimas en línea que permitan perseguir e identificar a mafias de la trata y proxenetas. Para ello se sugiere que las empresas de las redes sociales y mensajería online pongan sus bases de macrodatos y análisis de éstos a disposición de la Guardia Civil para detectar patrones de consumo y actividad en redes que permitan la detección de casos.
Finalmente, en el ámbito jurídico, se propone la obligada formación de abogados y abogadas que trabajan en el turno de oficio para poder atender a mujeres y menores con discapacidad víctimas de trata y de la explotación sexual en el momento en el que surja un caso. Así mismo hacer hincapié en la gran necesidad que existe de ver la discapacidad como un elemento agravante a la hora de considerar que en estos casos se produce un doble abuso, por la situación de superioridad respecto a la víctima que además de la vulnerabilidad y la necesidad, se le añade que posee algún tipo de discapacidad intelectual o física, de este modo se penaliza también que aunque la víctima sea mayor de edad el prostituir y mantenerla en la prostitución, como crimen dentro del Artículo 187 del Código Penal, así se crearía una medida disuasoria a la hora de prostituir a mujeres con discapacidad, algo que a día de hoy no sucede y que por ello la explotación de mujeres y niñas con discapacidad es percibida por traficantes y proxenetas una práctica sin apenas riesgos. También se insta a reconocer la concurrencia de otros delitos aparte del de la trata con fines de explotación sexual, como pueden ser: violencia física, abuso continuado, violencia de género, abuso sexual, aborto/embarazo forzoso, etc. Para que así las penas sean más justas en relación al daño causado sin permitir los atenuantes (confesar el delito, la drogodependencia…) que están actualmente contemplados para las penas de este tipo. Y por supuesto que el acceso a los servicios y recursos de reparación del daño a las víctimas, teniendo en cuenta el grado y tipo de discapacidad, no esté coaccionado a la interposición de denuncia y/o colaboración de la víctima.
Siempre me gusta acabar el artículo con una frase significativa. En esta ocasión he elegido esta de la experta Beatriz Sagrado, consultora de género, salud y violencia.
“La industria del sexo sigue ligada al ocio por ese derecho asumido por algunos hombres de poseer el cuerpo de la mujer (…) En la mercantilización del cuerpo de la mujer se va dando cada vez una demanda de mayor variedad, buscando lo exótico y, es ahí donde en su opinión entra en juego la discapacidad, porque además refuerza el deseo de posesión de los puteros”.
Para finalizar, quiero dar las gracias especialmente a mi compañera de lucha feminista Maika Barceiro por su ayuda, asesoramiento y supervisión en la escritura de esta columna sin la cual me hubiera sido difícil abordar el trabajo. Llevo trabajando sobre este artículo desde diciembre, pero ha merecido la pena. Muchas gracias, compañera.
Artículo por Laura Isabel Gómez Garcia (La Gata Negra)
Publicado originalmente en https://nuevarevolucion.es/trata-y-explotacion-sexual-de-mujeres-y-ninas-con-discapacidad/
29/03/2023
Crédito foto, captura vídeo promocional 2019 
La Gata Negra 